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La ex Ciccone, en riesgo de otra quiebra

 Así surge del último escrito que presentó el síndico de su concurso de acreedores, quien pidió que se celebre una audiencia con el Ministerio de Economía y la Casa de Moneda para buscar una salida.

El síndico Martín Stolkiner emitió su alerta al presentar su revisión trimestral más reciente de los números de la empresa, en los que detalló las deudas que la imprenta comenzó a incumplir con sus acreedores privados y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.

Los incumplimientos de la ex Ciccone comenzaron a acumularse durante los últimos meses de Alejandro Vandenbroele al frente de la empresa que imprime millones de billetes de 100 pesos. Pero continuaron tras la intervención oficial, que registró ingresos mucho más bajos que sus gastos.

El juez del concurso, Javier Cosentino, tomó nota del pedido de la sindicatura y ordenó notificarle a la ex Ciccone, donde lideran la intervención el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura. Así, la alerta llegó al Palacio de Hacienda el 14 de este mes, pero hasta ayer aún no había arribado la respuesta oficial al expediente.

Lorenzino lidia con dos pedidos similares. Porque al de una audiencia que presentó la sindicatura se suma el de una asamblea extraordinaria de accionistas que pidió la familia Ciccone -que retiene el control del 30 por ciento de la empresa-, que calificó la intervención como "absolutamente ilegítima" y reclamó el pago de la indemnización por la "ocupación temporaria anormal".

Los Ciccone también cargaron contra Vandenbroele y su supuesto financista y garante, el ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta. Calificaron de "nulos e ineficaces" los acuerdos que ambos firmaron y que llevaron a que, justo antes de su intervención, la empresa terminara como deudora de Moneta por más de $ 35,5 millones, por lo que el ex banquero podría terminar en primera fila si algún día el Estado pagara la expropiación.

El síndico, por su parte, alertó que los flujos de ingresos y gastos de la ex Ciccone -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS) y bajo el control estatal- arroja números en rojo. El contrato que firmó con la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos "no permitirá a la primera hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones contraídas, en particular los planes de pago otorgados por la AFIP", expuso Stolkiner, según consta en la copia de su presentación, a la que accedió LA NACION.

Esos planes de pago en riesgo con la AFIP corresponden a los cuatro planes excepcionales de pago, con 148 cuotas al 0,5% de interés mensual, cuya existencia reveló LA NACION, y que ya registraban repetidos incumplimientos desde que Vandenbroele ocupaba la presidencia de la firma.

Sin embargo, allí no se acaban los problemas financieros para la empresa. Porque también comenzó a incumplir con los aportes previsionales de sus trabajadores y con el acuerdo homologado para el resto de sus acreedores. Peor aún, también acumuló nuevas deudas por fuera del concurso que tampoco honró, "todo lo cual torna más dificultosa aún la posibilidad de cumplir con el acuerdo homologado en autos y los planes de pago otorgados por la AFIP", estimó Stolkiner.

De hecho, tras la salida de la ex Ciccone del presunto testaferro del vicepresidente Amago Boudou , el único ingreso consistente de la imprenta es el de la Casa de Moneda por $ 1 millón más IVA. Pero al mismo tiempo, y sólo por esos cuatro planes excepcionales que le otorgó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debe afrontar pagos por casi $ 2,4 millones.

Dado el rojo resultante, Stolkiner le pidió al juzgado que "convoque a una audiencia con el interventor y la presidenta de la Casa de Moneda a los fines de llevarse a cabo las medidas que permitan atender las obligaciones antes mencionadas". Por eso el juez ahora quiere escuchar a Lorenzino y a Daura

El propio síndico se encargó de anticipar qué ocurrirá si no se celebra la audiencia o Lorenzino y Daura no ofrecen una solución. Recordó que regirá el artículo 63 de la ley de concursos y quiebras, que impone que cuando el deudor no cumpla con lo acordado con sus acreedores, en todo o parte, "el juez debe declarar la quiebra" si así se lo pide uno de esos acreedores o el síndico.

 

Fuente: Diario La Nación