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Ciccone: el Gobierno tasó la imprenta en $ 300 millones

La puja entre el Gobierno y la familia Ciccone -que aún retiene el 30% de las acciones-, sumó otro giro inesperado, con la reaparición ante la Justicia en lo Comercial de Alejandro Vandenbroele, el único rostro visible de The Old Fund, el misterioso fondo que aún controla el 70% restante. También solicitó una medida cautelar.

El Gobierno comunicó el valor oficial de la ex Ciccone a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que expuso las conclusiones del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal -es decir, de Julio De Vido-, lo fijó en $ 300.301.800.

Según la AFIP, ese valor corresponde a la suma de distintos bienes físicos: tres terrenos, edificios y mejoras, instalaciones, maquinarias, herramientas y muebles, bienes de cambio utilizables, y vehículos.

La AFIP también aclaró que la normativa aprobada para el "caso Ciccone" le imponía compensar el valor de la empresa con lo que ésta adeuda en impuestos, por un total de $ 275 millones, entre capital e intereses acumulados durante años. Por eso, añadió, decidieron avanzar con la expropiación de casi todos los bienes físicos, pero no todos, hasta llegar a un monto similar.

Para cumplir con ese objetivo, la AFIP excluyó uno de los terrenos del predio sobre la Panamericana, por $ 30,8 millones, y distintos vehículos y maquinarias, herramientas y muebles, por casi $ 2 millones adicionales, para un total de $ 32,7 millones. De ese modo, el valor a expropiar se redujo a $ 267,5 millones, pero como en ciertos rubros la ley 21.499, de expropiaciones, impone elevar el valor en un 10% de manera automática, ese precio se elevó a $ 275,7 millones. Es decir, casi el monto exacto adeudado por la ex Ciccone por impuestos.

Ante ese cuadro, la reacción de la familia Ciccone fue inmediata, con un escrito en el que calificó la actuación del Gobierno como "inconstitucional" y le pidió al juez en lo Comercial, Javier Cosentino, que dicte una medida cautelar de no innovar para impedir que las autoridades avancen sobre la empresa con daños irreversibles.

En un escrito judicial, la familia explicó que la ley 26.761 declaró "sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana", como se rebautizó a la ex Ciccone. Es decir, que debe pagar por el paquete completo de la empresa -con sus inasibles como patentes, "valor de empresa en marcha" o "valor llave", entre otros posibles- y no de manera selectiva por sólo algunos de sus bienes físicos, como luego se acotó mediante la resolución 132/2013, que firmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El avance acotado sobre algunos bienes físicos, reclamaron los Ciccone, "importa una subrepticia e inadmisible modificación del objeto de la expropiación", lo cual consideraron una "actuación ilegítima" que causaba un "claro detrimento y perjuicio de [sus] derechos". Es decir, decenas o acaso cientos de millones de pesos. La familia también cargó contra el avenimiento que firmaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, por la empresa intervenida, y la AFIP, como expropiante. Para los Ciccone, tener al Gobierno de ambos lados del mostrador los perjudicó porque nadie defendió sus derechos por el 30% de la compañía.

Los Ciccone, sin embargo, no fueron los únicos que salieron al cruce. Así, mientras que el ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta aclaró en el fuero contencioso administrativo que él no es el dueño del 70% de las acciones restantes, pero sí quien habría financiado a sus titulares -que permanecen en las sombras-, Vandenbroele también reapareció con sus propios reclamos contra la forma en que avanzó el Gobierno.

Vandenbroele -investigado por la Justicia por sus presuntos lazos con el vicepresidente Amado Boudou- también atacó el avenimiento. Lo calificó de "prohibido, ineficaz y nulo", y pidió a la Justicia que disponga una medida cautelar para detener lo que calificó como el "desembozado vaciamiento que pretende consumar el Estado".

En su segundo escrito, además, Vandenbroele corrigió una grosera omisión de su anterior presentación: aunque había denunciado la inconstitucionalidad de la avanzada oficial, no había hecho la reserva del "caso federal" para poder apelar ante la Corte Suprema. De eso quizá dependa que el misterioso The Old Fund -en el cual primero figuró como "nuevo accionista" y luego sólo como su presidente- algún día se lleve algún cheque.
 

Fuente: Diario La Nación