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La Oficina Anticorrupción pide ser querellante en la causa Ciccone

Por primera vez desde que Macri asumió el gobierno y como no ocurría desde los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner, la Oficina Anticorrupción solicitó ser querellante en una causa judicial: el organismo que conduce Laura Alonso quiere incorporarse al caso Ciccone, en cuyo expediente se investiga al ex vicepresidente Amado Boudou por supuestas coimas y negociaciones incompatibles con su función, por haber supuestamente intervenido para evitar la quiebra de la imprenta, luego controlarla a través de sus testaferros y por último contratarla para imprimir billetes.

 

El pedido fue presentado hoy ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4, que conduce Ariel Lijo.

 

La Oficina Anticorrupción puede ser querellante en causas donde "se involucran a funcionarios públicos nacionales en la posible comisión de delitos de acción pública", ya que la ley de su creación le atribuye la facultad de "promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación". Además, le corresponde al ámbito del Ministerio de Justicia -del cual depende la OA- intervenir como parte querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional.

 

Como querellante, la Oficina Anticorrupción podrá proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio; y además, obliga al Tribunal a notificarle toda decisión trascendente a la causa.

 

Alonso, secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, explicó que "cuando nos hicimos cargo de la Oficina, nos llamó la atención que no hubiera siquiera una investigación preliminar sobre las vinculaciones del ex vicepresidente Boudou en el caso Ciccone, a pesar de lo avanzada que está la instrucción judicial y el procesamiento del ex funcionario. Dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidimos solicitar la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la justicia en la búsqueda de la verdad".

 

La ex diputado advirtió que, además, la Oficina Anticorrupción "investigará si existieron otros casos en los cuales la sociedad informal Boudou-Nuñez Carmona podría haber cometido otros actos de corrupción y anticipamos también nuestra participación en la causa del enriquecimiento ilícito del primero".

 

 

 

 

 

 

 

Según surge del procesamiento firmado hace un año y medio por Lijo, Boudou y José María Nuñez Carmona habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund y de su titular Alejandro Vanderbroele, para contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.

 

En junio de 2014 Boudou fue procesado por "delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles" y su procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

 

Fuente: Clarín.com